La sesión del pasado miércoles en el Senado dejó al desnudo el absurdo de que ni siquiera en algo tan siniestro como el horror que significó la última dictadura militar en la Argentina fue posible acordar en el Congreso una declaración política que reflejase una base de consensos mínimos sobre el proceso inaugurado el 24 de marzo de 1976 por el golpe cívico militar.
Desde el 2003 en adelante, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, se generalizó un consenso inexpugnable respecto al “Nunca Más”, un pacto de tolerancia cero a cualquier atisbo de reivindicación del terrorismo de Estado y de la ruptura del orden democrático, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, con una visión de los años 70’s que concentraba la responsabilidad en las atrocidades de la dictadura genocida.
La narrativa de la “Memoria Completa”, que recuperaba la “teoría de los dos demonios” y ponía al Gobierno de facto militar como una derivación necesaria para sofocar la violencia previa que irradiaban las organizaciones guerrilleras, denominadas “subversivas” o “terroristas”, había quedado reducida a expresiones residuales de grupos muy marginales, sin capacidad de penetración real en la sociedad.
En la última década, estas voces marginales empezaron a filtrarse capilarmente entre las grietas de una sociedad rota, moralmente doblegada por traumas económicos y sociales, pero recién con la llegada de Javier Milei a la presidencia y Victoria Villarruel a la vicepresidencia la visión de la “Memoria Completa” y la “teoría de los dos demonios” se volvió la política oficial del Estado argentino.