Luego de que el presidente Alberto Fernández reconsiderara su postura sobre el fallo de la Corte Suprema a propósito de la devolución de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos, el bloque de diputados de la UCR anunció que no presentará el proyecto de resolución con el pedido de juicio político al jefe de Estado.
El viernes pasado, la bancada que lidera el cordobés Mario Negri había anunciado que entre este lunes o martes presentaría el proyecto de resolución en la Cámara baja.
No obstante, el radicalismo dio marcha atrás con esa decisión “dado que el presidente anunció que pagará parte de la sentencia con bonos a CABA y cumplirá así parcialmente con el fallo de la Corte Suprema”, informaron fuentes de la bancada de la UCR.
Quien sí presentó un pedido de juicio político es el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert alegando “desacato y desobediencia”. El economista liberal ingresó el proyecto antes de que Alberto Fernández anunciara que saldaría la deuda con la Ciudad de Buenos Aires a través de bonos.
“El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático, porque ahora, los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó en el proyecto de resolución.
En ese sentido, Espert indicó que “dichos desconocimientos en los hechos se traducen en la asunción arrogante de facto el poder total sobre los destinos del país, debido a que no reconocen a los demás estamentos de poder diseñados por la Constitución para limitar el poder de las mayorías momentáneas”, lo cual “constituye un claro ataque al sistema representativo, republicano y federal”.
Según aseguró, “el presidente merece la destitución por lo que ya hicieron en la pandemia, y por lo que están haciendo ahora al sistema democrático”.
“El desconocimiento de este fallo configura un delito contra la Constitución, en el artículo 36, arrogarse la suma del poder público. Al presidente se lo puede catalogar como un delincuente contra la Constitución”, remató el referente de derecha.