EL BLOQUE DE DIPUTADOS DEL PRO A PRESENTÓ UN PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ

El bloque de diputados del PRO presentó hoy un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación federal.

   También presentó una interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al considerar que “tenía también la obligación de cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema” en torno a restablecer los fondos que se le habían quitado a la Ciudad de Buenos Aires.

   Además de Pablo Tonelli, firmaron los proyectos los diputados Cristian Ritondo, Waldo Wolff, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Graciela Ocaña, Alejandro Finochiaro, Alberto Asseff, Dina Resinowsky, Sabrina Ajmechet, Adriana Ruarte, Virginia Cornejo, María Luján Rey, Tito Stefani, Aníbal Tortoriello, Gabriel Chumpitaz, Mercedes Joury, Pablo Torello, Maru Sotolano y Gabriela Besana.

   En el primer proyecto, la bancada del PRO exigió “impulsar el juicio político del presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández por la causal de mal desempeño, en los términos del artículo 53 y en concordancia con los artículos 59 y 60 de la Constitución Nacional”.

   “El presidente de la Nación se niega a obedecer lo ordenado por la Corte Suprema por considerar que el fallo es inédito, incongruente y de imposible cumplimiento , y lo peor del caso es que lo anuncia públicamente”, plantearon.

   Y agregaron: “No hay que perder de vista que el leal acatamiento de los fallos de la Corte Suprema se impone en atención a la autoridad institucional que revisten sus pronunciamientos dado su carácter de última intérprete y custodio de la Constitución Nacional”.

   “A su vez, el deber de acatamiento de las sentencias de la Corte Suprema es indispensable para la observancia y el respeto del sistema republicano. De ahí que la efectiva prescindencia de los fallos de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones, importa un agravio al orden constitucional”, recordaron.

   E insistieron: “Dado que el presidente de la Nación decidió no cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema, existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento de juicio político por el mal desempeño y por el posible delito en el ejercicio de sus funciones”.