Luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara el pedido para volver a declarar en indagatoria, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, brindará esta mañana una suerte de ampliación de su descargo a través de redes sociales para mostrar por qué le “están prohibiendo hablar” tras el alegado de los fiscales de la causa Vialidad, quienes pidieron 12 años de prisión en su contra.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso no hicieron lugar al pedido por considerar que fue hecho fuera de término, porque ya comenzó la etapa de alegatos.
La solicitud había sido anunciada por la propia titular del Senado en redes sociales y luego plasmada por su abogado, Carlos Beraldi, ante el tribunal.
El argumento de la defensa es que el fiscal introdujo nuevas pruebas en el juicio que no habían sido contempladas, y por eso pidieron que la ex jefa de Estado pueda volver a declarar.
El Tribunal lo rechazó y Beraldi pidió una “reposición”, esto es, que vuelvan a analizar la petición.
Tras un breve cuarto intermedio de cinco minutos, los magistrados volvieron a ratificar su decisión: no permitirle volver a ser indagada y el juicio se reanudará el próximo 5 de septiembre con alegatos de las defensas.
Al conocer la negativa, Cristina Kirchner afirmó que está ante “un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, y anticipó que este martes por la mañana brindará detalles de la causa conocida como “Vialidad”.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, resaltó la ex presidenta.
En su cuenta de la red social Twitter, sostuvo: “Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”.
El fiscal federal Diego Luciani pidió este lunes una pena de doce años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la titular del Senado.