La denuncia fue presentada por la diputada provincial del Frente de Todos, Susana González, quien acusó al procurador bonarense de encubrir una malversación de fondos de funcionarios de Cambiemos por US$ 95 millones.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, denunció penalmente al Procurador general, Julio Conte Grand, por “encubrir” a funcionarios del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que cometieron hechos de corrupción.
En la presentación, la legisladora también pidió que se investigue a otras seis personas por la posible comisión de los delitos de “malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”.
Se trata del extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta; a los funcionarios de Procuración, Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés; y a Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, dijo González, quien también los acusó de “exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita”.
En su denuncia, González dijo que esos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, lo que evidencia “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.
Para la diputada, durante la gestión del macrismo se conformó “un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.
En ese sentido, remarcó que “un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.
Para González, el fiscal a cargo de esa causa, “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, lo que considera “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”.
La denuncia fue radicada el miércoles pasado en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, en donde González indicó además que “la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”.
La Legisladora y vicepresidenta del bloque de FdT sostuvo que “hasta acá lo que no se había visto es como ese entramado judicial intenta cubrir un delito de malversación de fondos públicos” durante la gestión de Juntos por el Cambio y destacó “cómo organizaron toda la investigación para perseguir a trabajadores”.
En este sentido, González indicó que “se toparon con su propia torpeza” y afirmó que la pericia “demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”.
Asimismo, manifestó su confianza en el avance de la causa, ya que “hay pruebas fundadas” de la complicidad del propio fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a quien señaló como “mano derecha de Conte Grand” y quien a cargo de la denuncia “lejos de proveer las pruebas y profundizar la investigación penal preparatoria, archivó”.
En la denuncia, González aporta el informe técnico de la Prefectura Naval Argentina, y el informe de los contadores en la visita a las instalaciones del Astillero Río Santiago, realizada el día 8 de febrero de 2019 donde se puede observar la materialidad ilícita que sostiene la acusación.
“La gravedad de los hechos revelados, como la omisión deliberada del Agente Fiscal, con connivencia de funcionarios judiciales, de investigar un claro hecho de corrupción que comprometía a Cambiemos” probados me mediante pericia de la Prefectura Naval, que involucraba a la intervención del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, en un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares” en 2016.
Para González, desde la asunción de Conte Grand “se han realizado diversas actuaciones, con coordinación, planificación y estratégica temporalidad para llevar adelante una serie de actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción”.
Asimismo, “perjudicar a dirigentes gremiales del Astillero Rio Santiago, y disciplinar y perseguir a Agentes Fiscales que no seguían las órdenes del Procurador o los agentes de inteligencia federales, como procurar la impunidad de los Funcionarios de la Procuración denunciados”.
“La denuncia evidencia el manejo la procuración bonaerense durante el gobierno de Cambiemos en la provincia, ya que los mismos fueron realizados en una actuación coordinada que demuestran la existencia de una planificación previa, con Procurador Julio Conte Grand, quien adecuó la estructura de la Procuración, a fin de centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales de todo el escalafón.