{"id":33092,"date":"2024-08-28T08:27:21","date_gmt":"2024-08-28T11:27:21","guid":{"rendered":"http:\/\/eenergetica.com.ar\/?p=33092"},"modified":"2024-08-28T08:27:22","modified_gmt":"2024-08-28T11:27:22","slug":"reves-judicial-para-tucuman-la-corte-suprema-avalo-el-rechazo-a-la-introduccion-de-residuos-peligrosos-en-la-provincia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/2024\/08\/28\/reves-judicial-para-tucuman-la-corte-suprema-avalo-el-rechazo-a-la-introduccion-de-residuos-peligrosos-en-la-provincia\/","title":{"rendered":"Rev\u00e9s judicial para Tucum\u00e1n: la Corte Suprema aval\u00f3 el rechazo a la introducci\u00f3n de residuos peligrosos en la provincia"},"content":{"rendered":"\n

La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n desestim\u00f3 un reclamo de Tucum\u00e1n contra una sentencia de la Corte de esa provincia, que declar\u00f3 inv\u00e1lidas una serie de art\u00edculos de la Constituci\u00f3n provincial de 2006, entre ellos, el que habilitaba la introducci\u00f3n de residuos peligrosos en su territorio. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los abogados Luis Iriarte y Carmen Font\u00e1n <\/strong>promovieron una demanda declarativa de inconstitucionalidad contra Tucum\u00e1n para que se declare la invalidez de diversas cl\u00e1usulas de la Constituci\u00f3n provincial incorporadas en la reforma de 2006. <\/p>\n\n\n\n

Fundamentaron su pretensi\u00f3n en que la convenci\u00f3n constituyente respectiva hab\u00eda actuado fuera de su competencia al incorporar temas cuyo tratamiento no hab\u00eda sido habilitado por la ley local que declar\u00f3 la necesidad de la reforma. Agregaron que varias de las modificaciones eran contrarias a la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n

La Sala II de la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo de la provincia admiti\u00f3 la legitimaci\u00f3n de los actores e hizo lugar parcialmente la demanda. <\/p>\n\n\n\n

La Corte Suprema de Justicia provincial hizo lugar parcialmente a los recursos de casaci\u00f3n presentados y declar\u00f3 la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de las siguientes disposiciones de la Constituci\u00f3n tucumana: <\/strong><\/p>\n\n\n\n

–Los art\u00edculos 48, 49 y 67, inciso 26<\/strong>, en cuanto exigen mayor\u00edas legislativas diferenciadas para decidir la acusaci\u00f3n, destituci\u00f3n y declaraci\u00f3n de inhabilidad del Gobernador y del Vicegobernador, en virtud de su comparaci\u00f3n con las mayor\u00edas requeridas para los mismos supuestos con relaci\u00f3n a las autoridades superiores de otros poderes del Estado. <\/p>\n\n\n\n

–El art\u00edculo 68, parte final,<\/strong> en lo que refiere a las facultades del Vicegobernador para fijar la dieta de los legisladores. <\/p>\n\n\n\n

-Art\u00edculo 101, inciso 2, p\u00e1rrafo cuarto<\/strong> -en la porci\u00f3n que atribu\u00eda al silencio legislativo un efecto convalidatorio con respecto a los decretos de necesidad y urgencia-.<\/p>\n\n\n\n

-El art\u00edculo 41, 2\u00b0 p\u00e1rrafo, <\/strong>que regulaba la potestad provincial de celebrar acuerdos internacionales relativos a la introducci\u00f3n de residuos peligrosos en su territorio, por estar en contradicci\u00f3n con el art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n

Ambas partes presentaron recursos extraordinarios, que fueron desestimados, y solo la Provincia de Tucum\u00e1n interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

   \u00bfQu\u00e9 dijo el M\u00e1ximo Tribunal nacional?<\/h4>\n\n\n\n

En su sentencia, la Corte desestim\u00f3 la queja de la Provincia. En sus votos, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, por un lado, y Ricardo Lorenzetti, por otro<\/strong>, coincidieron con el criterio sostenido por la Procuradora Fiscal en cuanto a que el recurso extraordinario fue bien denegado, pues pretende que se proceda a revisar una decisi\u00f3n del tribunal superior provincial acerca de una materia que integra el derecho p\u00fablico local y que ha sido resuelta sobre la exclusiva ex\u00e9gesis de normas provinciales.<\/p>\n\n\n\n

En tal sentido, agregaron que la decisi\u00f3n sobre tales temas de derecho local es materia propia de la competencia de los poderes provinciales, en tanto se examina el procedimiento jur\u00eddico pol\u00edtico de la organizaci\u00f3n de una provincia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rosatti y Maqueda tambi\u00e9n desestimaron la tacha de arbitrariedad de la decisi\u00f3n cuestionada, pues las cr\u00edticas se limitan a ser meras discrepancias con la resoluci\u00f3n adoptada por el tribunal local sobre temas de derecho p\u00fablico provincial.<\/p>\n\n\n\n

Sobre la incompatibilidad del art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n provincial con el 41 de la Nacional, Rosatti y Maqueda tambi\u00e9n compartieron el criterio de la Procuraci\u00f3n, en cuanto a la inadmisibilidad de su tratamiento v\u00eda el recurso del art\u00edculo 14 de la ley 48, pues “no media resoluci\u00f3n contraria al derecho federal invocado, sino que la decisi\u00f3n en crisis ha sido a favor de la invalidez de la norma provincial, por considerarla incompatible con el art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n Nacional”.<\/p>\n\n\n\n

De todas formas, y en virtud de la repercusi\u00f3n que el tema planteado en la causa pueda tener a futuro respecto de otras jurisdicciones, este voto dej\u00f3 asentado con relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n del \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n Nacional, que textualmente expresa: “Se proh\u00edbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos, que la cl\u00e1usula es contundente y no deja lugar a dudas, ni permite diferentes interpretaciones en torno al sentido del mandato, a su \u00e1mbito espacial y a su incidencia subjetiva”.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, “desde el punto de vista l\u00f3gico la invalidaci\u00f3n constitucional (`se proh\u00edbe`), que no est\u00e1 seguida por aclaraci\u00f3n alguna, descalifica todo tipo de permisi\u00f3n o morigeraci\u00f3n infra constitucional como la descripta en el art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n provincial”. <\/p>\n\n\n\n

“Desde el punto de vista espacial (`territorio nacional`) la prohibici\u00f3n comprende a las provincias y a la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires. Y desde el punto de vista subjetivo, la prohibici\u00f3n involucra a todos los habitantes del pa\u00eds”,<\/strong> se\u00f1alaron.<\/p>\n\n\n\n

“En conclusi\u00f3n la prohibici\u00f3n de ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos al territorio nacional no admite excepciones ni morigeraciones infra constitucionales”,<\/strong> dijeron.<\/p>\n\n\n\n

En su voto, Rosenkrantz record\u00f3: “En nuestro sistema constitucional la existencia de un caso judicial es una precondici\u00f3n para la intervenci\u00f3n de los tribunales nacionales y constituye un requisito sine qua non de su accionar”.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, consider\u00f3 que “el recurso en examen debe ser declarado inadmisible, en tanto fue interpuesto en un proceso que, si bien pudo ser instituido v\u00e1lidamente por la provincia dentro de sus atribuciones para organizar su sistema judicial, no re\u00fane la elemental condici\u00f3n de constituir un caso contencioso que habilite la jurisdicci\u00f3n federal”.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ello, dijo, porque “los actores -en su condici\u00f3n de ciudadanos- no alegan, ni tampoco pretenden demostrar, que las normas impugnadas les causen un perjuicio personal y concreto”. <\/p>\n\n\n\n

En su voto, Ricardo Lorenzetti coincidi\u00f3 con Rosatti y Maqueda en cuanto a las caracter\u00edsticas locales de la causa a estudio, y desestim\u00f3 la tacha de arbitrariedad de la sentencia cuestionada.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, dijo que “el recurso extraordinario fue bien denegado en cuanto controvierte la declaraci\u00f3n de nulidad de los art\u00edculos 48, 49, 67, inciso 26; 68 y 101, inciso 2\u00b0, de la Constituci\u00f3n provincial, toda vez que los agravios se refieren a una materia que integra el derecho p\u00fablico local y que, en tal sentido, ha sido resuelta sobre la exclusiva interpretaci\u00f3n de normas provinciales, tanto en lo concerniente a la legitimaci\u00f3n activa de los accionantes como en lo relativo al examen de compatibilidad entre la ley 7469, que declar\u00f3 la necesidad de reforma parcial de la Constituci\u00f3n, y las disposiciones sancionadas por la convenci\u00f3n reformadora”.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

En su voto, Pablo Bertuzzi <\/strong>-que actu\u00f3 en la causa como conjuez-, coincidi\u00f3 con Rosenkrantz en cuanto a que “la cr\u00edtica de los demandantes (ciudadanos que viven, trabajan y tributan en la Provincia de Tucum\u00e1n), no apunta a demostrar que los cambios introducidos en la Constituci\u00f3n provincial les causaron un perjuicio concreto y directo, sino que priorizan, en su presentaci\u00f3n, el mantenimiento de los principios arquitect\u00f3nicos del sistema republicano en la Provincia de Tucum\u00e1n”. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asimismo, agreg\u00f3 que “la ausencia de \u2018un caso\u2019 imposibilita la revisi\u00f3n de la sentencia por esta Corte en la instancia del art\u00edculo 14 de la ley 48, y la queja se declara inadmisible”.<\/p>\n\n\n\n

fuente: NA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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